El Gobierno se ha puesto como objetivo acorralar el fraude laboral en la contratación temporal investigando en 2021 al menos 470.000 contratos, en actuaciones antifraude con las que prevé ingresar 1.050 millones de euros en multas. Además de esta recaudación espera convertir a 80.000 trabajadores temporales fraudulentos en indefinidos dando así más estabilidad al mercado laboral y al consumo. El fraude de la temporalidad en España es una cuestión cultural y de falta de conocimiento. Es obvio que la temporalidad sería menor si el despido fuese más barato, pero por otro lado eso conllevaría una exposición mayor del empleado a toda clase de abusos. Parece lógico que un contrato indefinido no debería verse como un vínculo para toda la vida, más caro de deshacer cuanto más tiempo pasa. Un contrato indefinido no puede ser como un matrimonio por la Iglesia. Las empresas tendrían menos miedo a la contratación indefinida si contasen con sistemas de gestión de personas, en particular sistemas fiables de evaluación del desempeño. Pero para esto hay que contratar especialistas en recursos humanos, y pagarles. Justo lo que no se pueden permitir las empresas de menos de cien trabajadores, que es donde más fraude laboral existe en la contratación temporal. A estas empresas pequeñas les gestiona la contratación y administración de personal alguna gestoría. Posiblemente una forma más rápida de terminar con el fraude en la contratación temporal sería sancionar al despacho profesional que haya realizado ese contrato temporal, puesto que estos sí tienen el conocimiento para saber lo que hacen. En pocos meses no quedaría ni un gestor enseñando trampas a las empresas sino todo lo contrario.
Otro de los fraudes más comunes se da en los contratos a tiempo parcial. De estos la Inspección de Trabajo tiene como objetivo investigar 450.000, y la propia Inspección espera que la consecuencia sea la ampliación de jornada de oficio en unos 40.000 contratos. Menos de un 10%, pocos para ser uno de los fraudes más comunes según el propio Ministerio.
Otras actuaciones inspectoras son las que se llevarán a cabo para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Se realizarán 27.000 inspecciones para controlar el tiempo de trabajo y su registro en las empresas y 22.000 actuaciones para controlar que se cumpla la normativa en materia de igualdad salarial. En su lucha contra el fraude se incluyen también acciones para seguir detectando falsos autónomos y falsos becarios, 87.000 visitas a centros de trabajo para vigilar que se cumplen las medidas de prevención de riesgos laborales y comprobar que se respetan los derechos sindicales, y 140.000 visitas enfocadas en la erradicación de la economía irregular y el trabajo de extranjeros en situación irregular.