alrededor de 800.000 empleados públicos de este país vivimos en provisionalidad. llevamos entre siete y quince años en el puesto de trabajo pero nuestro empleador nos considera temporales. Nuestro empleador es la Administración Pública. Si nuestros empleadores fuesen empresas privadas los sindicatos quemarían neumáticos delante de sus puertas, los inspectores de trabajo levantarían actas de infracción millonarias, las redes sociales serían un clamor anticapitalista y la noticia seria primera plana en los principales canales de televisión. Pero no ocurre nada de eso porque nuestro empleador es el Estado. El hacedor y deshacedor de leyes que se permite no verse obligado por ellas.
Pensamos que la capacidad del Estado de cometer impunemente atrocidades es cosa del pasado, pero no. Muchos de nosotros tenemos el trabajo de informar y advertir a la gente sobre sus obligaciones legales y económicas en su condición de ciudadanos. Representamos a un Estado que obliga, pero no se obliga. Cada día siento más vergüenza de formar parte de una maquinaria administrativa corrupta y prepotente.
El abuso de temporalidad es fraude. Un fraude es una mentira. Cada vez durante los últimos once años que le he preguntado a mi supervisor por mi situación, cada vez que mi jefe ha puesto ante mi un nuevo contrato me estaba contando una mentira. Y ya duele. Cada día desde el que debí ser fijo y no lo fui, el Estado al que sirvo se ríe de mí. La sensación de impotencia, de indefensión es máxima y me enferma.