El crecimiento y la expansión de las grandes empresas multiplica los procesos de deslocalización de su actividad productiva para incrementar los beneficios, gracias a los ahorros en mano de obra que obtienen al producir en países sin regulación laboral o con regulaciones más laxas. El problema es que estos procesos acaban creando algo indeseado e inesperado en pleno siglo XXI: el trabajo forzado. En EEUU y en Europa ignoramos o queremos ignorar que la esclavitud es aun hoy una realidad, una realidad que se desarrolla no necesariamente a escondidas.
La OIT define la esclavitud laboral como “todo trabajo o servicio exigido a cualquier persona bajo amenaza de sanción o castigo y para el cual la persona no se ha ofrecido voluntariamente”. Hoy día este fenómeno afecta a regiones de Centroamérica, África y zonas más deprimidas de Asia. ¿Cómo es posible? El trabajo forzado se da debido a la existencia de zonas rurales aisladas y deprimidas y a personas cuya existencia se desarrolla con total desprotección de la ley. Se da debido a que las familias pobres contraen deudas que no pueden devolver y acaban pagándolas con servicios y trabajos involuntarios. Y se da por la existencia de caciques y mafias que explotan a estas familias, y también a menores sin hogar, y las suministran a los centros de trabajo. Esta red de centros de trabajo forman una cadena de suministro que llegan a su cliente último que son las empresas multinacionales, cuya demanda perpetúa la explotación.
La deslocalización y la cadena de subcontratación aleja el fenómeno del trabajo indigno de la matriz central y permiten a las empresas mejorar sus beneficios sin asumir la responsabilidad moral y legal. La contratación y subcontratación de proveedores en países desfavorecidos está motivada por menores costes laborales, menores impuestos y otras ventajas. Lo sangrante es que las pésimas condiciones laborales en esos países estarían fuera de la legalidad y drásticamente sancionadas en EE.UU y Europa. Las empresas en su afán de minorar costes y alcanzar mayor valor bursátil toman decisiones carentes de ética, decisiones que no tomarían en países desarrollados.
No resulta como vemos nada difícil identificar quiénes son los auténticos responsables de que la esclavitud laboral siga ocurriendo en pleno siglo XXI. La empresas multinacionales con capacidad de generar un impacto global deben incorporar el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad social a sus estatutos. Aunque sea tardíamente, aunque sea después de haber conseguido una posición dominante en el mercado utilizando trampas y atajos, pero deben hacerlo ya y convertirse en motores de impulso de los derechos humanos. Por otra parte, es hora de que los ciudadanos y consumidores adoptemos una postura dura en los hábitos de compra y que se castigue a las marcas que hacen caja a costa del fair play.