Muy hábiles los de Glovo

Este es uno de los muchos problemas que genera la lentitud de la justicia. Se ha tardado tanto en declarar que los riders son falsos autónomos que mientras se ha desarrollado y expandido un sector de actividad que da trabajo a 23.000 personas y que facilita a la restauración millones de facturación en comida repartida. Cuando alcanzan suficiente volumen entonces las empresas pueden arrojar a la opinión pública sobre la Inspección de Trabajo si se atreve a ir contra ellas, y entonces hay que negociar. Es lo que están haciendo, sentarse a negociar una ley que permita a estas plataformas digitales seguir siendo rentables con una nueva regulación a mitad camino, que al final le habrá dado un bocadito más grande o más pequeño a los derechos de los trabajadores. Una pyme paga el fraude laboral y calla. Una gran corporación o un sector basado en el fraude laboral, recurre y obliga al Gobierno a negociar. Las cifras de empleados y de negocio permiten argüir que no estamos ante una mera infracción sino ante un conflicto social que hay que resolver. Ahora no hay plataformas que cerrar sino leyes que cambiar para que pueden seguir existiendo aquellos que empezaron su negocio estirando las costuras del sistema legal y cometiendo irregularidades. Hay que evitar los tribunales, “hay que legislar para no judicializar la cuestión” dicen con habilidad los representantes de estas empresas. El problema es que han malacostumbrado al cliente. “Le han hecho creer que la comida caliente se puede llevar a domicilio a esos precios”, opina Nuria Soto, una de las integrantes y fundadoras de RidersXDerechos. “Queremos que se cumpla la legalidad y que se actúe de forma ética”. No comparte esa idea de crear una nueva legislación. “Ya hay un convenio de mensajería y otro de transporte que regulan”. En definitiva, la única deficiencia que tiene la ley actual es que no se cumple. Por eso quieren una nueva a medida para ellos.