Los juzgados de los sociales están desbordados, las demoras en lo social siempre han sido excesivas pero ahora mismo se ha descontrolado. Aunque las empresas también sufren consecuencias negativas, la víctima principal es el empleado que reclama. Una reclamación por despido o una reclamación de cantidad, o cualquier otra reclamación de derechos en vía judicial puede tardar años en ser resuelta. Eso provoca indefensión en los empleados en conflicto con sus empresas y les empuja a aceptar en fase de conciliación menos cantidad indemnizatoria por tal de no tener que esperar, entre juicio de primera instancia más eventuales recursos, de cuatro y cinco años para cobrar lo que les correspondería, y con un resultado incierto. Aunque la situación actual es inadmisible, el atasco judicial ya existía de antes, lo que pone de manifiesto la conflictividad laboral de España y la cultura de incumplimiento de la ley.
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Los juzgados de lo social de Andalucía señalan juicios ya para diciembre del 2024
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