Las denuncias de las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CNT, CUT, Corriente Sindical d’Izquierda y SAT, combinadas con la actuación de la Inspección de Trabajo han conducido a que se den de alta de oficio a 11.013 falsos autónomos de Glovo y que se le reclamen a esta empresa 16,2 M de euros por las cotizaciones impagas de estos trabajadores que eran considerados como “autónomos”. Ahora está en manos del diálogo social que esto no se vuelva a repetir. Gobierno, sindicatos y empresas van a abordar la negociación y redacción de la que se conocerá popularmente como ley de los riders, pero que no se ha de limitar solo a este colectivo, sino que alcance a todos los modelos de negocio que se basan en el uso de falsos autónomos, sobre todo las plataformas digitales. El objetivo es que estos trabajadores tengan un salario que quede dentro del marco de la ley, un tiempo de trabajo máximo y sus correspondientes descansos legales, derecho a indemnización ante la extinción de su contrato y medidas de prevención de riesgos laborales y protección de la salud como todos los demás asalariados.
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La Inspección de Trabajo da de alta de oficio a 11.000 falsos autónomos de Glovo
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