El asunto de los riders nos cuesta dinero a todos. El coste millonario de mantener durante años ocupados a la Inspección de Trabajo, Juzgados y Ministerios resolviendo un problema que no debió existir, desde el minuto uno estaba claro como el agua que eran falsos autónomos.
Además es dudoso que las plataformas paguen la deuda millonaria contraída con la Seguridad Social. Van a seguir plantando batalla a los tribunales, alegando que ha introducido novedades de detalle, que han evolucionado su modelo y que han cambiado ciertas condiciones consiguiendo acallar las principales quejas laborales de los riders y de paso haciendo que su relación tenga mayor apariencia mercantil.
Y a cambio no generan nada. No han creado 15.000 puestos de trabajo. Los han concentrado tomándolos de otros negocios. No hay ningún valor en someter a 15.000 jóvenes a condiciones precarias de empleo, en destruir pequeños negocios, en concentrar los ingresos en pocas manos, en estresar el mercado laboral, en difundir el mensaje de que la “innovación” está por encima del derecho, en especular con el valor de las compañías, en explotar los datos personales de los usuarios, en crear un marketing que expulsa de la escena a los restaurantes que deberían tener el protagonismo.