en abril de este año entra en vigor el RD 902/2020 sobre igualdad retributiva. Su efecto será garantizar el principio de igual retribución por trabajo de igual valor. Para conseguirlo el RD ofrece dos herramientas principales: el registro retributivo y la auditoría retributiva.

Registro retributivo:
todas las empresas con más de 50 empleados deberán contar con un registro retributivo que contendrá separados por sexos los valores medios de los salarios, teniendo en cuenta los complementos salariales y percepciones extrasalariales, y también una comparación del salario por categoría y puesto de trabajo.
Si los salarios entre sexos dan una diferencia de al menos un 25%, el empresario deberá justificar que la diferencia no responde a motivos relacionados con el sexo, alegando causas objetivas, como responsabilidad, tipo de tareas u otras causas. Este registro estará accesible a la Inspección de Trabajo y representantes de los trabajadores o en su defecto los trabajadores directamente tendrán acceso directo.

Auditoría salarial:
las empresas con 50 o más de trabajadores han de elaborar una auditoría retributiva, con dos apartados: diagnóstico de la situación y plan de actuación para la corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico con: objetivos, acciones concretas, cronograma de las acciones y personas responsables de la ejecución y seguimiento.

no entiendo para qué están el defensor del pueblo, la prensa, los inspectores, los sindicatos, los observatorios de igualdad, los representantes regionales, cien tribunales, oficinas del consumidor, y un docena más de instituciones que deberían garantizarnos justicia social. Al final el SMI ha quedado congelado pero la cesta de la compra se ha encarecido según la prensa un 4,6%. Pero el IPC sale negativo. Es para desconfiar de cómo se calcula. El salario de los empleados no ha subido y los que tenemos menos a apretarnos aun más el cinturón y exprimir los bolsillos mientras las diferencias entre los que más tienen y la clase trabajadora es cada vez mayor.

Las desigualdades salariales dentro de la Administración Estado se mantienen y van a más, según el mapa de Desigualdad Salarial elaborado por los agentes sociales. Las diferencias existen especialmente gruesas entre los dos colectivos de las administraciones: funcionarios y personal laboral. Mientras un funcionario A1 cobra en promedio 56.900 €, su homólogo laboral cobra 31.400 € brutos anuales. Las diferencias se dan también entre ministerios, de manera que mientras unos reciben muchas solicitudes de candidatos, hay otros a los que nadie quiere ir y los que ya están ahí solicitan continuamente traslados a otros. También hay, imaginable, diferencias salariales debidas a competencias transferidas a las Comunidades Autónomas: aquellos funcionarios que trabajan para organismos autonómicos en virtud de dichas competencias transferidas cobran complementos que llegan a doblar los que cobran el personal de regiones en las que la competencia aun depende del ministerio.

Los ordenadores, tfnos móviles, tablets, mobiliario ergonómico y otros útiles y las compensaciones que la empresa nos dé por teletrabajador para sufragar por ejemplo los consumos de luz que tengamos por trabajar desde casa, los considerará Hacienda como retribución en especie. Eso si los utilizas para fines personales. Es para troncharse. Lo que pasa es que mientras nos reímos se nos llevan la pasta. Yo no sé si sus señorías tributarán también por el pc y el ipad que les entregan junto con el escaño, pero vamos que la cosa tiene….

Los empleos que se consideran con futuro y buen sueldo tienen todos que ver con datos. No es de extrañar que el resto sea made in China

• Analista de datos entre 27.000 y 40.000
• Especialista en Inteligencia Artificial y Machine Learning desde 52.000 y llegando hasta 80.000 en grandes empresas
• Especialista en Big Data alrededor, sobre 40.000
• Especialista en Marketing Digital con un salario medio de 24.300
• Especialista en automatización de procesos, sobre 32.000

Ahora bien, si vais a una empresa y os ofrecen menos de estas cantidades por alguno de estos puestos, es muy posible, porque en las encuestas salariales suelen participar solo las empresas de tamaño medio y alto, con que en empresas pequeñas con menos presupuesto haréis el mismo trabajo por menos salario.

La revisión salarial que nos hacen cada año se hace según el IPC. Pero si el IPC es cero o negativo no hay incremento, aunque tu empresa haya ganado mucho. Se tendría que hacer también según productividad, como llevan pidiendo hace tiempo algunos sectores de la patronal. Los accionistas son un stakeholder de la empresa. Los empleados somos otro stakeholder. Partiendo de un salario fijo, los salarios deberían reflejar una variabilidad proporcional a los dividendos repartidos porque si no dan la impresión de que no existe relación entre los dividendos conseguidos y el trabajo que hemos realizado la plantilla.

Arrastramos desde hace décadas la costumbre empresarial de pagar en B, todo o parte del salario. Afortunadamente cada vez hay menos de esto pero es una realidad que todavía persiste, más de lo que nos pensamos. Pagar y cobrar en B no solo es ilegal, además lleva aparejados varios inconvenientes ocultos que se derivan casi todos del hecho de no estar cubierto por la Seguridad Social: 1) en caso de baja por enfermedad no tendrás derecho a la prestación por incapacidad temporal, y en caso de accidente de trabajo este no será reconocido como tal y tendrás que hacer frente a los gastos de la asistencia, amén de no tener prestación mientras estés lesionado. Si la enfermedad o el accidente son graves y quedas impedido de algún modo tampoco tendrías derecho a la incapacidad permanente. Es decir, estarías desprotegido por completo. Pero no solo tú. 2) los miembros de tu familia que dependen de tus ingresos no tendrán derecho a asistencia sanitaria gratuita. 3) así mismo tampoco tendrás derecho ni a prestación por desempleo, ni a finiquito, ni a la pensión de jubilación en el futuro.4) Hacienda puede ir contra ti y sancionarte por todo el dinero cobrado y no tributado.

Pero con más o menos detalle, los trabajadores y trabajadoras que cobran en B, esto de arriba ya lo saben. El problema está en que quienes cobran en B lo hacen para complementar su salario, que de otra forma sería indigno, o lo hacen porque es lo que se les ofrece: o es así o no hay empleo. También saben la mayoría de ellos que si quieren lo pueden denunciar y ganarán. Que pueden ir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) o pueden acudir a la Inspección de Trabajo, incluso se puede denunciar telemáticamente. Todo esto ya es sabido por la mayoría.

No es un problema de saber qué hacer. Es un problema de subsistencia. Si das a elegir a las personas entre justicia y supervivencia elegirán una y otra vez la segunda. Generalmente se ofrecen trabajos en B a quienes no tienen muchas más opciones de empleabilidad. ¿Qué van a hacer, coger el empleo y al mes ir a denunciarlo? Si es lo único que tienen. No es muy distinta la situación de quienes cobran parte en B para complementar el salario. Si, efectivamente, pueden denunciar y ganar (después de un agotador proceso de denuncias, escritos, pruebas, reuniones, pagar a abogados, exposición personal, viajes a la Inspección, al SMAC o al Juzgado, que puede durar meses y acabar con tu moral). ¿Pero cuánto dura tu victoria si el empleador sancionado levanta el teléfono y llama a unos cuantos conocidos para que no te vuelvan a contratar en el sector o en la zona? El denunciante será odiado por su empleador, repudiado en el sector, y lo más perverso, odiado por sus compañeros de trabajo que también cobraban en B y estaban felices con el sistema, porque ahora se les ha acabado, ya que a raíz de la denuncia que planteaste las actuaciones legales cortaron de cuajo el pago de B a todos los empleados. ¿Dónde está tu victoria?

Si se pretende que acabar con la economía sumergida dependa de las denuncias de los empleados la cosa no terminará nunca. Es ingenuo pensar que quien cobra en B va a torpedear su modo de vida. Es muy cómodo por parte de los Gobiernos dejar en manos de las víctimas la erradicación del delito. La Inspección de Trabajo debe actuar más y con más contundencia. Las sanciones por no dar de alta a trabajadores y pagar en B deben conllevar, además de la sanción de Trabajo, el cierre de la empresa, temporal o definitivo, la expulsión de la patronal correspondiente, temporal o definitiva, la inhabilitación para constituir o formar parte de una nueva sociedad, temporal o definitiva.

¿Qué retribución merece cada puesto de trabajo? Más o menos pensábamos que existía una coherencia o justicia mínima en lo que gana cada profesión y las excepciones a esta regla acudíamos al mercado para explicarlas como cosa de la oferta y la demanda. Pero de golpe nos hemos encontrado que las profesiones que nos han salvado, cuidado y atendido durante la pandemia, lo que se han llamado “trabajos esenciales” como auxiliares de dependencia, enfermeros, médicos, celadores, trabajadoras del hogar, personal de supermercado, transportistas, jornaleros, mensajeros, cuidadoras de residencia, personas trabajadoras del campo, personal de limpieza, vigilantes de seguridad, personal de recogida de residuos, conductores de transporte público, personal del metro, carteros,.. son los puestos de trabajo generalmente peor pagados y los que sufren mayor precariedad laboral en sus condiciones de trabajo. Ya eran precarios antes de la pandemia. Recibieron aplausos y gratitud en los momentos en que su esencialidad se hizo visible. Pero es lo único que han recibido, porque salen de la pandemia igual o más precarios que antes. Es la forma en que la historia universal nos presenta a la figura del héroe: de inicios humildes, puesto en primera línea de fuego por el destino se juega la vida por su comunidad, tras el viaje vuelve a su condición anterior para morir pobre. De todos esos trabajos mencionados, la mayoría no llegan a mileuristas y en sus gremios el abuso de temporalidad les causa inseguridad, estrés añadido y una vida sin estabilidad. Los sistemas de valoración de puestos de trabajo quizás deberían incluir un nuevo factor de valor para ser puntuado: su esencialidad.

ahora el SMI atascado en negociación y con trifulcas dentro del gobierno. Un calvario de meses para que lo suban 9 € de risa al mes. Mientras en otros países europeos suben los salarios mínimos aquí se resisten todos y mientras tanto nos rebajan también las pensiones de jubilación. Países como Argentina, Turquía y Ucrania van a ser más audaces y van a tener fuertes subidas de salario mínimo. En España seguramente será un 1,5%, una de las subidas más bajita en comparación con el resto de países.

Hay por ahí un montón de artículos buenistas que dicen que es mala idea usar la amenaza o la insinuación de que te irás de la empresa para conseguir un aumento de salario. Porque no es muy efectiva y porque no hay que usar en la negociación la presión, el miedo o las amenazas de ruptura. La otra parte no lo admite como regla de juego. Pero en realidad sí lo acepta, totalmente. Las encuestas salariales actualmente están diciendo que no van a haber casi aumentos de salario para 2021 dada la situación económica. Con una excepción: las empresas sí subirán el salario de los que llaman sus talentos clave, es decir, los de aquellos empleados que temen perder si les congelan el salario como al resto. Por tanto, ¿el miedo a que te vayas funciona o no funciona? ¿es una ley aceptada o no?