el Tribunal Supremo ha sentenciado que, en fase de ejecución de sentencia, de una indemnización por despido improcedente que debía la empresa pagar al despedido no puede descontar la que ya le pagó por extinción del contrato temporal. Para poder haberla descontado debería la empresa haberlo alegado cuando se contestó a la demanda y estaba aun juzgándose. Llega tarde la empresa al pretender descontar el importe cuando la sentencia del juzgado de lo social ya se había pronunciado declarando el despido improcedente.

La situación provocada por la pandemia ha hecho que empresas y autónomos vean cómo el deterioro de la situación financiera ha mermado la capacidad de sus clientes para cumplir con las obligaciones de pago, repercutiendo no solo en la liquidez de las organizaciones, sino también en el empleo. Tanto es así que, según datos de un estudio a nivel europeo de la multinacional sueca Intrum, especialista en gestión de cobros, el 42% de las pymes españolas asegura que los retrasos en los pagos están detrás de los despidos en su plantilla.

Este artículo fue hecho gracias al esfuerzo de trabajo de un periodista profesional. Reconocelos compartiendo esta nota mediante este link: https://www.cronista.com/internacionales/Coronavirus-Espana-quiere-extender-hasta-2021-la-prohibicion-de-despidos-laborales-20200914-0005.html Copyright © www.cronista.com

Una trabajadora solicita el permiso retribuido por matrimonio y le comunican el despido, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha considerado el despido nulo y además ha condenado a la empresa a abonar 15.000 euros de indemnización por daños morales, dado que el art. 17.1 ET estipula la nulidad de las decisiones unilaterales del empresario que den lugar a discriminaciones directas o indirectas por razón, entre otras circunstancias, de sexo y de estado civil. Sentencia del TSJ de Galicia de 3 de junio de 2020) .

El Tribunal Supremo considera que el uso por la empresa de los datos registrados en el GPS del vehículo para el despido es lícito porque la trabajadora sabía que el dispositivo estaba instalado y porque tenía limitado el uso del vehículo a la jornada laboral y exclusivamente para uso profesional, siendo que ella hizo un uso intenso del coche en un periodo en el que ella estaba de baja médica. Así mismo la información del GPS se limitó a mostrar la ubicación y el movimiento del vehículo y no la suya por lo que el Tribunal no aprecia invasión en sus derechos fundamentales.

Este es el tipo de contenidos que le encanta publicar a la redacción de Linkedin: una jueza de lo Social entiende que está totalmente justificado el despido de una empleada que redujo su rendimiento a la mitad como reacción después de que su empresa no le permitiese teletrabajar.

en España no está permitido el despido verbal, tiene que ser por escrito, alegando las causas suficientemente detalladas para no provocar indefensión, y además tiene que haber constancia del recibo de la notificación por parte del empleado despedido, por eso se cuestionan juridicamente los despidos por zoom o ws o teams….. pero cuidado hay tribunales que están admitiendo la grabación de la conexión por zoom u otras plataformas para certificar que el despido sí se ha comunicado y ha tenido el contenido mínimo exigible. creo que las personas van con retraso en el uso de las tecnologías para su seguridad. igual va siendo hora que más de uno también grabe las reuniones con su empresa para tener pruebas de cuando reciben instrucciones de trabajo que son ilegales o son marranadas para el cliente, para el fisco, para el medio ambiente, o para los empleados, …

Los juzgados de los sociales están desbordados, las demoras en lo social siempre han sido excesivas pero ahora mismo se ha descontrolado. Aunque las empresas también sufren consecuencias negativas, la víctima principal es el empleado que reclama. Una reclamación por despido o una reclamación de cantidad, o cualquier otra reclamación de derechos en vía judicial puede tardar años en ser resuelta. Eso provoca indefensión en los empleados en conflicto con sus empresas y les empuja a aceptar en fase de conciliación menos cantidad indemnizatoria por tal de no tener que esperar, entre juicio de primera instancia más eventuales recursos, de cuatro y cinco años para cobrar lo que les correspondería, y con un resultado incierto. Aunque la situación actual es inadmisible, el atasco judicial ya existía de antes, lo que pone de manifiesto la conflictividad laboral de España y la cultura de incumplimiento de la ley.

Los recortes de empleados en las entidades financieras que se producen con cada crisis no se recuperan una vez superadas. El cambio se está produciendo con pandemia o sin pandemia: van del modelo de negocio físico en oficina al virtual. ING se adelantó a todos un cuarto de siglo. La búsqueda de mayores beneficios y la digitalización de los negocios y la vida de los particulares provocan el cierre de oficinas

primero fueron retrasos en el pago del mes, después el adeudo de dos meses y finalmente el cierre y los despidos de los 7 que éramos. ¿y los finiquitos? ¿Tú los has visto? ni nosotros. Lo primero era pagar a los empleados y luego a los proveedores en teoría, pero la compañera de la oficina vio cómo el dueño del taller pagó primero todas las facturas de repuestos pendientes a la empresa proveedora que casualmente es de un amigo suyo con quien está en sociedad. Y ahora no hay dinero para los finiquitos. y si quieres denunciar buscate  y paga un abogado y si no pues a mendigar al Fogasa.